- Policía Nacional y Guardia Civil describen en sus informes las presiones de ambas tramas
- El expresidente y el excretario de Organización del PSOE están imputados por varios delitos
Las tramas presuntamente delictivas que han liderado en los últimos años el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intentaron hacerse con el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para tener acceso a los fondos públicos y poder enriquecerse. Es una de las principales conclusiones que se extrae de los informes realizados en el primer caso por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y en el segundo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el caso, en concreto, de la trama de Zapatero, la UDEF ha reconstruido la estrategia de presión sistemática que la red habría ejercido sobre la SEPI para asegurar el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Para los investigadores, la trama no ejerció una labor de una consultoría externa, sino como un grupo con capacidad de monitoreo y acceso a información privilegiada, logrando conocer el sentido de las resoluciones antes incluso de que los órganos colegiados se reunieran para votar.
El 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez, presunto testaferro y lugarteniente de Rodríguez Zapatero, felicitó a los directivos por la obtención del préstamo, precisando incluso que se aprobaría en el Consejo de Ministros del 9 de marzo. Lo hizo a pesar de que en ese momento, el Consejo Gestor de la SEPI ni siquiera se había reunido –lo hizo el 2 de marzo–, lo que evidencia que la decisión ya estaba tomada o pactada con anterioridad. De acuerdo con los audios y mensajes de WhatsApp intervenidos, Martínez Martínez llegó a afirmar que «de esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI».
En los dispositivos intervenidos, queda claro, además, el papel que tuvo Zapatero. Expresiones como la de que había que «meterle chola al Zapa», en el sentido de que había que acelerar las gestiones, o felicitaciones como «nuestro pana Zapatero detrás» cuando se logra la ayuda, demostrarían que el expresidente era el activo principal para desbloquear los fondos públicos de la Administración. Mientras los canales oficiales de la SEPI muestran un proceso técnico de subsanación de errores, las comunicaciones privadas revelan un calendario paralelo dictado por la red de influencia.
Uno de los directivos del holding público que está en el foco de la investigación es Julián Mateo, su director de negocios en 2020, que pasó a estar al frente del fondo de rescate. Tras recibir la noticia, Rodolfo Reyes, propietario entonces de Plus Ultra, preguntó inmediatamente a Martínez si le conocía y quince minutos después este envió un mensaje corto pero contundente: «10k done», algo que para la Policía podría ser la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros.
José Ángel Partearroyo, el director de Participadas, es sin embargo el directivo más mencionado y el nodo principal de interlocución con la red, reportando los hitos de la tramitación, incluyendo los requerimientos y el estado de las evaluaciones de los asesores externos (Deloitte para el ámbito legal y Daiwa para el financiero).
Y de igual modo también, según la UCO, la trama de Cerdán presionó desde las cloacas del PSOE para asaltar el holding público. Los investigadores han detectado una estrategia sistemática por parte del grupo investigado para influir y controlar el holding con el fin de orientar resoluciones administrativas en beneficio propio o de terceros, sin descartar incluso una presunta financiación ilegal del PSOE.
El auto del juez Pedraz señala contactos ya desde 2018 entre Santos Cerdán y Vicente Fernández marcados por el interés de Cerdán en que Fernández mantuviera su «capacidad de influencia y decisión en la SEPI», de la cual fue presidente entre junio de 2018 y octubre de 2019. Tras su salida por su imputación en el caso Aznalcóllar, la trama buscó mantener la cohesión, destacando un mensaje en enero de 2021 de Leire Díez en el que subrayaba la importancia de que «todos estaban alineados correctamente» para gestionar la situación en el organismo. Según el juez Pedraz, tras el nombramiento de Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI en marzo de 2021, el grupo intentó que Leire Díez fuera nombrada su Jefa de Gabinete. Díez llegó a manifestar que estaba dispuesta a hablar con el «súper jefe», en una posible referencia al presidente del Gobierno, lo que para el instructor demuestra el propósito de «recuperar el control de SEPI». El objetivo de todas estas acciones era valerse de sus relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas al holding para orientar la resolución de los expedientes y adjudicaciones, actuando siempre con una finalidad lucrativa.
